En los últimos años hemos asistido al desarrollo de mecanismos nacionales específicos para la protección de defensores por algunos gobiernos. En todos los casos se trata de países en los que hay graves situaciones de desprotección para los defensores de derechos humanos, y estos mecanismos (leyes, políticas de actuación, oficinas) han sido creados bajo la presión (y con la colaboración) de organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de derechos humanos, y siempre con un apoyo normativo fundamental, la Declaración de la ONU para los Defensores.

En Protection International este desarrollo nos movió a crear un equipo de estudio centrado en estas iniciativas nacionales: qué son, en qué consisten, cómo se han creado, cómo hacen su trabajo, qué impacto tienen en la protección de los defensores. Nos parece importante entender mejor las iniciativas que existen en todo el mundo en este sentido, y poder ofrecer una mirada acerca de qué piensan los defensores/as sobre cuáles son las buenas prácticas que se ponen en marcha, y cuáles son las lecciones que se pueden extraer de las mismas.

Dada la amplitud y complejidad de los resultados del estudio, hemos decidido ofrecer sus resultados en un volumen, bajo el título genérico de Protección de defensores de derechos humanos: buenas prácticas y lecciones a partir de la experiencia”:

Esta publicación está dividido en dos partes.

  • La primera parte, subtitulada “Legislación, políticas nacionales y oficinas para defensores”, analiza los aspectos normativos y estructurales de estas iniciativas de protección.
  • La segunda parte, “Los programas de protección de defensores/as”, analiza los aspectos prácticos de los programas de protección: qué medidas incluyen, cómo están estructuradas y qué resultados ofrecen. En esta segunda parte nos centraremos en los programas de protección analizados, los gubernamentales de Brasil, Guatemala y Colombia.

Hay una importante discusión de fondo, que es la cuestión de si es necesario que un Estado cree mecanismos (leyes, políticas, oficinas) específicos para la protección de defensores, o si lo más adecuado es asegurar que las instituciones (sistema de justicia, fuerzas de seguridad) cumplan con su obligación de garantizar la debida protección para con este colectivo.