Políticas públicas nacionales y mecanismos de protección para Defensores de Derechos Humanos: la situación de Brasil – Por: Alice De Marchi Pereira de Souza, Marisa Viegas y Rafael Gonçalves Dias (Justiça Global[1])

Presentación

Brasil es hoy un país que emerge en la escena internacional como actor económico global y regional, con un sistema democrático percibido como sólido y que hace frente a problemas sociales históricos. Sin embargo, aún persiste un contexto complejo de violaciones de derechos humanos que contrasta con esa imagen. El tema de personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo sigue todavía siendo un tema poco discutido, aunque sean muchos aquellos que estén amenazados debido a su trabajo en pro de los derechos humanos. Hay un grave proceso de criminalización, deslegitimación y descalificación de personas defensoras de derechos humanos en curso, cuyos principales actores son propietarios de tierras, grandes empresas y los principales medios de comunicación. Justiça Global tiene asiento en la Coordinación General del Programa Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos y presiona al gobierno desde hace mucho por más inversión política en la materia, puesto que el Estado viene dejando en segundo plano la protección a las y los DDH.

El Programa Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos (PPDDH): algunos datos

El Programa Nacional de Protección de Defensores de Derechos Humanos en Brasil (PPDDH) fue formalmente creado en 2004, pero sólo empezó a funcionar en 2005, con la aprobación de su decreto de instauración tan sólo en 2007. Todavía no está aprobado el proyecto de ley que lo instituye. Se estima que actualmente existan casi mil defensoras y defensores amenazados en Brasil[2], de los cuales aproximadamente 400 están incluidos en programas de protección (133 en el PPDDH). Hay programas estaduales en seis de los 26 estados de la Federación[3]. Recientemente, Pará (estado brasileño con el número más  grande de casos) y Rio de Janeiro tuvieron sus programas estaduales suspendidos, no obstante el hecho de ser dos escenarios de serias violaciones en razón del impacto de megaproyectos[4] (en el caso de Pará) y de  megaeventos deportivos[5] y violencia policial (en el caso de Rio).

Los estados que todavía no tienen programas son atendidos por el Programa Nacional, ubicado en la Secretaria de Derechos Humanos de la presidencia de la República. Es el caso de Mato Grosso do Sul, dónde se concentra el 60% de los asesinatos de indígenas en el país[6], especialmente los Guaraní-Kaiowá que son desalojados de sus tierras por grandes terratenientes. El estado ocupa el segundo lugar en cantidad de casos de defensoras y defensores en riesgo.

Principales dificultades, desafíos que persisten y lecciones aprendidas

La principal dificultad identificada es que los derechos humanos no son prioridad para el gobierno federal ni para los estados. No es por casualidad, tampoco, que las y los DDH más vulnerables y amenazados sean los que están en las luchas por tierra y territorio. La idea de desarrollo nacional, gestada durante la dictadura cívico-militar, aún guiada por la realización de megaproyectos (infraestructura, sector energético, industria extractiva, etc.) es incompatible con la lucha de estas defensoras y defensores y afecta a comunidades tradicionales (pescadores indígenas y “quilombolas” – afrodescendientes) y trabajadores rurales, que necesitan de sus tierras y dependen de sus recursos naturales para seguir viviendo. Las grandes empresas y la agroindustria llevan a cabo  sus proyectos económicos, con grandes retornos financieros e inmensos impactos sociales, todo ello sin la realización de efectivas consultas previas a las comunidades afectadas.

Eso se refleja en otros problemas: los recursos destinados a los programas de protección son insuficientes; hace falta una participación real de las fuerzas de seguridad en los programas; hay una discontinuidad de los programas estaduales debido a una excesiva burocratización en su ejecución; falta capacidad técnica para la efectiva protección de los defensores. Otro punto a ser subrayado es la necesidad de avanzar para mas allá de la protección policial – que es siempre insuficiente e y paliativa – y enfrentar las causas estructurales de las amenazas a los defensores. Eso significa realizar investigaciones serias sobre las amenazas, dar visibilidad al trabajo de las personas defensoras y favorecer sus luchas, que son legítimas e imprescindibles.

Por fin, enfatizamos que las articulaciones con otros actores de la sociedad civil y el trabajo del “Comitê Brasileiro de Defensores de Direitos Humanos” (establecido en 2004) han sido fundamentales para la creación, monitoreo y elaboración de recomendaciones periódicas para el Programa. Sin embargo, pasados casi 10 años de su existencia, verificamos la ineficacia de los programas, además de las dificultades descritas.



[2] Según el periódico “Congresso em Foco”, Nº 8. Diciembre de 2013.

[3] Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul and Ceará.

[4] Hacemos hincapié en los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que afectan a la comunidades tradicionales.

[5] El Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.

[6] Información de “Relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil”. 2012.

 

***Esta información procede de nuestra publicación FOCUS 2014.