La política de protección en Colombia: entre ser y no ser – Por: Diana Sánchez, Directora Asociación MINGA (miembros del Programa Somos Defensores[1])

En los últimos cinco años en Colombia han sido asesinados 260 defensores y defensoras de derechos humanos – incluyendo 78 en 2013 –, 759 amenazados y 97 detenidos arbitrariamente. En total, se han registrado 1.313 agresiones de diversas formas. Por ello y gracias a la presión de las ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales, desde hace dos años, el gobierno colombiano transformó los mecanismos de protección a personas en riesgo en el país. Lo hizo mediante la implementación de nuevas normas (Decreto 4100, 4065 y 4912 de 2011 y 1225 de 2012). Estas normas crearon todo un andamiaje institucional con dos estrategias básicas: proteger a defensores en peligro y prevenir los ataques en su contra.

Para dar cumplimiento a la estrategia de protección de los amenazados, creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual retomaría la función protectora derivada del cierre del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Así mismo, dando cumplimiento a la estrategia preventiva, fue el Ministerio del Interior y su Dirección de Derechos Humanos, la encargada de formular mecanismos de prevención a los ataques[2].

 

Cómo funciona el mecanismo de protección

Dentro de la estrategia de protección, se estableció una ruta para analizar las situaciones de riesgo recibidas y proferir medidas. Esta ruta tiene como punto de partida la denuncia del afectado ante las autoridades y/o la solicitud directa de protección a la UNP; luego de ello, un grupo denominado Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información (CTRAI) se encarga de dicha tarea “in situ”, para contribuir a la investigación del caso.

Una vez recopilada la información, es entregada al Grupo de Valoración Preliminar (GVP). Este comité realiza el análisis del caso y valoran el riesgo. Con esta valoración, el caso pasa a manos del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que finalmente decide otorgar o no, las medidas de protección al afectado(a).

Son invitados a participar en el CERREM (con voz pero sin voto) el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación, la OACNUDH, la ACNUR (cuando se trate de casos de población desplazada) y delegados de cada sociedad civil. Independiente a este largo y detallado procedimiento, el Director de la UNP, puede asignar medidas de emergencia en casos donde la vida e integridad del afectado(a) este en riesgo inminente o extremo.

 

Las debilidades

Aparentemente, esta nueva política parece ser estructurada, coherente y cohesionada; sin embargo la realidad de la aplicación de esta normativa, es muy diferente, ya que tiene serios problemas de implementación, como lo evidenció el Programa Somos Defensores en su Informe especial “Protección Al Tablero”[3]. De los hallazgos de dicha investigación podemos resaltar: a) El mecanismo de protección cuenta con una perspectiva exclusivamente material de la protección y se deja de lado la protección política que necesitan los defensores de DDHH; b) Existe desconocimiento de las nuevas normas, y serias confusiones de autoridades locales y regionales sobre cómo implementar la protección; c) No hay acción conjunta entre instituciones para proteger a los defensores amenazados; y d) Las instituciones responsables de proteger, están sobrecargadas de funciones y no tienen recursos ni personal suficiente para atender el volumen de solicitudes de protección.

Caso aparte son las constantes quejas y dificultades denunciadas por los protegidos y solicitantes de protección sobre la acción de la UNP. En dicho estudio fue evidente que hay peticiones de protección que demoran hasta 90 días en ser respondidas, así como la burocratización de esta obligación del Estado al crear cinco instancias diferentes por donde tiene que pasar una petición de protección para ser respondida.

También es motivo de preocupación la privatización de la protección por parte del gobierno y ejecutada por la UNP. La UNP cuesta aproximadamente 80,6 millones de Euros al año[4]; tiene 739 funcionarios de planta. Sin embargo, el 70,2% de su presupuesto es ejecutado por empresas seguridad privadas que prestan el servicio de Protección (esquemas de seguridad, escoltas, chalecos, teléfonos, armas). Estas empresas tienen contratados a 2.430 escoltas al servicio de la UNP que cuestan más de 1.900 Euros al mes[5]. De los más de 3.000 empleados encargados de la protección a personas en riesgo en Colombia mediante la UNP, el 76,7% de ellos son actores privados.

 

Reclamantes de tierra, desplazados y víctimas

Especial atención merece el riesgo y la protección otorgada a los reclamantes de tierras, población desplazada y víctimas del conflicto con sus respectivos líderes. La aparición de “Ejércitos Anti-restitución de Tierras”, las constantes amenazas de muerte contra estas poblaciones, así como  contra sus familias, y las dificultades administrativas para garantizar el acceso pleno a la reparación gubernamental, son solo algunos de los elementos de riesgo que reportaron dichas poblaciones luego de la salida de la ley 1448 de 2011 o ley de víctimas.

Por otro lado, el de la protección, entre 2012 y 2013, según cifras entregadas por la UNP, 2.493 reclamantes de tierras, desplazados y víctimas del conflicto solicitaron protección, pero solo a 915 de ellos se les otorgaron medidas (347 reclamantes de tierra, 472 desplazados y 96 víctimas incluyendo líderes de estas poblaciones). Es decir, sólo al 36.7% de los solicitantes se les protegió, el resto de solicitudes fueron rechazadas o devueltas.

La falta de prevención en las agresiones contra defensores, las constantes y crecientes agresiones contra todo tipo líderes sociales y defensores, así como una concepción y aplicación exclusivamente material de las medidas de protección hacen que Colombia esté muy lejos aún de proteger efectiva e integralmente a quienes defienden los derechos humanos de todo tipo.

 

Corrupción en la Unidad Nacional de Protección

A finales de agosto de 2014, estalló un escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según el Ministro del Interior, funcionarios de alto nivel de la UNP habrían estado involucrados en el desvío ilícito de al menos € 240.000. Además de la corrupción en sí, es importante destacar que la tercerización de servicios puede haber afectado a la seguridad de las y los DDH protegidos. Según la información publicada, los funcionarios bajo investigación  habrían presionando a algunas de las empresas contratistas de la tercerización de las funciones de protección y escolta a personas protegidas para otorgarles contratos y agilizarles el pago de las obligaciones de la UNP a cambio de sobornos[6]. A esto se suma las declaraciones del director de la UNP ante el Congreso colombiano menos de un mes después, quien reconoció que la unidad presenta un déficit presupuestario de alrededor de € 28 millones (70 mil millones de pesos colombianos). La persistencia de tal situación llevaría a la conformación de un comité especial encargado de estudiar la posibilidad de retirar las medidas de seguridad a algunos de los más de 7.000 protegidos actualmente[7].

El caso de tercerización de la protección a compañías de seguridad privada en Colombia evidencia que, además de la formación y entrenamiento que requieren los escoltas que trabajan para las empresas contratistas, se requiere adoptar medidas adicionales de control que prevengan y combatan la corrupción. Esto se da en un contexto particularmente preocupante, ya que el número de DDH amenazados de muerte por grupos paramilitares ilegales y bandas criminales ha aumentado en los últimos meses[8].

 

Seguimiento de PI al mecanismo de protección en Colombia

A finales de Julio de 2014 los representantes de PI en Colombia y Somos Defensores organizaron conjuntamente una conferencia nacional “Protección, negociación y transición al post-conflicto en Colombia” en Bogotá. Este evento reunió a organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios que trabajan en temas de protección. Éste buscaba alentar a una reflexión sobre los desafíos de protección a los que es probable que tengan que enfrentarse las y los DDH en un escenario de transición proveniente de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las guerrillas insurgentes. En coordinación con Somos Defensores[9], PI monitoreará los posibles cambios en las políticas públicas de protección en la transición de post-conflicto, y su eficacia para proteger a las y los DDH en peligro.

 



[2] Nota del editor: la UNP está a cargo de garantizar la vida y la integridad de las y los DDH, las y los sindicalistas, las y los periodistas, las víctimas del conflicto armado y los funcionarios en peligro.

[3] Programa Somos Defensores.  Protección al Tablero”. Bogotá. Marzo de 2014.

[4] 200 mil millones de pesos colombianos.

[5] Cerca de 4,8 millones de pesos colombianos.

[6] El Espectador. “Red de corrupción en la Unidad de Protección”. 26 de agosto de 2014; El Espectador. “MinInterior reveló detalles de ‘olla podrida’ de corrupción en Unidad Nacional de Protección”. 2 de septiembre de 2014.

[7] El Tiempo. “Unidad Nacional de Protección estudia recortar esquemas de seguridad”. 15 de septiembre de 2014.

[8] Para finales de septiembre unos 160 DDH, periodistas, activistas y políticos de oposición habían recibido amenazas de muerte. El Espectador. “Piden investigar amenazas contra defensores de derechos humanos”. 24 de septiembre de 2014; El Espectador. “‘Los Rastrojos’ declaran “objetivo militar” a Claudia López, Iván Cepeda y Piedad Córdoba”. 25 de septiembre de 2014; El Espectador. “Petro denuncia amenazas en su contra”. 26 de septiembre de 2014.

[9] Ver http://somosdefensores.org/.

 

***Esta información procede de nuestra publicación FOCUS 2014. 

Decreto 4065 (2011) por el cual se crea la Unidad Nacional de Protección (UNP)

Presentamos aquí el Decreto 4065 de Octubre de 2011, Colombia, por el que se crea la Unidad Nacional de Proteccion en Colombia. Este decreto será desarrollado por un reglamento, pendiente todavía de promulgar. Es importante destacar que este Decreto (y su reglamento pendiente) ha incluido un gran número de mejoras en el programa de protección, que han sido fruto de las propuestas y presión por parte de las organizaciones de [...]
+

Colombia: Plan de Prevención y Protección a Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos que habitan el Distrito Capital

La Secretaría Distrital de la Mujer, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alta Consejería para las víctimas, la paz y la reconciliación de la ciudad de Bogotá, formularon durante el año 2014, un “Plan de prevención y protección a lideresas y defensoras de Derechos Humanos que habitan el Distrito Capital”. Diana Salcedo, profesional de la Secretaría Distrital de la Mujer presentó el plan como “el resultado de un proceso [...]
+