El gobierno marfileño ratifico la legislación histórica para África el 20 de junio de 2014, al adoptar la Ley No 2014-388 de 20 de junio de 2014 sobre la promoción y protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El proceso legislativo fue iniciado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Libertades Públicas, que, a principios de 2013, invitó a las organizaciones no gubernamentales de derechos a comentar sobre las primeras versiones del proyecto de ley y a hacer sugerencias de mejoras. Si bien fueron tomadas en cuenta algunas de estas sugerencias, esto no fue el caso para muchas reservas de gran importancia. El proyecto de ley fue adoptado por el Consejo de Ministros el 4 de noviembre de 2013 y después fue presentado ante la Asamblea Nacional para su aprobación.

Mientras que la adopción de la ley representa un desarrollo positivo en este intento por parte de las autoridades del estado marfileño para implementar la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos a nivel nacional, sigue habiendo varias preocupaciones relacionadas con el proceso de consulta entablado antes de que se adoptara la ley, así como con su contenido.

En primer lugar, la sociedad civil tuvo la oportunidad de brindar sus contribuciones, pero no participó en los debates de las etapas legislativas subsiguientes, a saber, en el Consejo de Ministros y en la Asamblea Nacional[1]. En segundo lugar, la ley impone una definición específica de lo que es una persona defensora de los derechos humanos, algo que va en contra de los estándares internacionales establecidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre las y los DDH y la Ficha de Información 29. En tercer lugar, a pesar de que la ley establece los derechos de las y los DDH y la obligación del Estado de protegerlos y de facilitar su trabajo, también les impone obligaciones a las y los DDH que pueden llegar a limitar sus actividades, tales como obligar a las organizaciones de derechos humanos a registrarse legalmente (art. 1), y establecer la obligación de las y los DDH de presentar un informe anual de sus actividades ante el ministro encargado de los derechos humanos (art. 13). Además el ministro goza de facultades discrecionales para determinar si una persona defensora puede ser sometida a una investigación judicial, detenida, arrestada o enviada ante un tribunal por cargos penales (art. 5) y cuándo se puede proceder a un registro de la oficina o la casa de un defensor o defensora (art. 6).

Por último, y a pesar de que la ley estipula la responsabilidad del estado de proteger a las y los DDH y los miembros de sus familias en riesgo (art. 17) y de castigar a los perpetradores de violaciones de los derechos de las y los DDH (art. 18), el marco legal no lograr brindar orientaciones claras a las autoridades estatales sobre cómo deberían implementar una política integral de protección de las y los DDH que incluya prevención, coordinación de distintas instituciones estatales, lucha contra la impunidad y respeto y promoción de las actividades de las y los DDH.

Hasta ahora, según fuentes de la sociedad civil local, las leyes son percibidas como medidas incompletas, ya que no hay indicaciones de que las autoridades marfileñas estén preparando adecuadamente el terreno para cumplir con la obligación del estado de proteger a las y los DDH en peligro. Esta situación se ve agravada por la ausencia de una campaña nacional de concientización entre las OSC sobre la existencia de  la ley, y sobre todo entre los sectores más vulnerables de las y los DDH que siguen enfrentando graves riesgos[2]. Al momento de la redacción de este informe, el gobierno todavía no había adoptado un decreto para implementar la ley, como lo exige el artículo 19.

PI en Costa de Marfil

A principios de febrero de 2013, junto con la American Bar Association, PI brindó peritaje al equipo de coordinación de la Coalición marfileña de defensoras y defensores de derechos humanos (CIDDH por sus siglas en francés) cuando el gobierno emprendió una ronda de consultas con la sociedad civil para esta primera ley. Tras la adopción de la Ley 2014-388 PI retomó contacto con otras OSC, que están interesadas en conocer mejor experiencias y lecciones aprendidas sobre protección de DDH en otros países, y hacer incidencia para una política pública sobre este tema ante las autoridades marfileñas.



[1] Entrevista de Protection International con Mata Coulibaly, antigua coordinadora nacional, Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme. Bruselas. 4 de diciembre de 2013.

[2] Entrevista por Skype con un representante de una ONG de derechos humanos marfileña. 28 de agosto de 2014.

 

*** Esta información procede de nuestra publicación – FOCUS 2014.