Desde el 2013, el gobierno de Honduras ha adoptado medidas para responder a la muy difícil situación de derechos humanos en el país[1].

En primer lugar, adoptó políticas públicas y un plan de acción nacional para los derechos humanos a principios del 2013[2].  En Segundo lugar, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) apoyó los esfuerzos de la sociedad civil para crear una red nacional para la protección de DDH, periodistas, comunicadores sociales y operadores del sistema de justicia[3] . Por último, a mediados del 2014 la SJDH presentó ante el Congreso una Ley de mecanismos de protección para defensores de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas y comunicadores sociales. Tal propuesta había sido archivada a finales del 2012 por falta de apoyo[4] .

La ley, que fue aprobada en primera lectura por el Congreso Nacional de Honduras el 4 de junio de 2014 y en segunda lectura el 6 de agosto de 2014[5] , se ve afectada debido por varias limitaciones y lagunas. A la luz de esta situación, representantes de la sociedad civil local, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales internacionales, insistieron en que se hiciera una revisión más minuciosa de la propuesta antes de la tercera, y última, lectura (PI participó en este proceso: vea recuadro más adelante). Las autoridades gubernamentales respondieron positivamente, y entablaron un proceso de consulta amplio con la sociedad civil y otros beneficiarios de todo el país. De esta manera se aseguró de que las disposiciones de la ley cumplieran con los estándares internacionales y las mejores prácticas relacionadas con la protección de las y los DDH [6]. Al momento de terminar la redacción de este informe, la tercera lectura del proyecto de ley seguía pendiente.

Es importante mencionar que el interés de las autoridades hondureñas por adoptar esta ley surge de la presión ejercida de manera sostenida por la sociedad civil en años recientes. Por lo demás, las recomendaciones internacionales para responder al alto nivel de amenazas y violencia contra las y los DDH, por parte de los mecanismos internacionales y regionales, también jugaron un papel importante, incluidas aquellas que fueron emitidas por el Consejo de Derechos Humanos, a través del EPU de noviembre de 2010[7], el informe sobre la visita al país de febrero de 2012 sobre la situación de las y los DDH preparado por Margaret Sekaggya, Relatora especial sobre DDH[8], el fallo de las Corte IDH de octubre de 2013 en el caso Carlos Luna López v. Honduras [9] y la audiencia pública antes de CIDH del 28 de octubre de 2013[10].

PI en Honduras

Desde el año 2011, PI ha acompañado y monitoreado iniciativas impulsadas por la sociedad civil para el establecimiento de un marco legal de protección de las y los DDH, así como el trabajo preparatorio del SJDH sobre la Ley de protección de DDH, periodistas y operadores del sistema judicial. En octubre de 2013, PI fue invitada a participar junto con otras organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales a una audiencia pública sobre Honduras, ante la CIDH en Washington, D.C. Las y los representantes de la sociedad civil hicieron un llamado a las autoridades nacionales que iniciaran un diálogo sobre la ley.

Entre finales de julio y principios de agosto de 2014, PI se integró a una misión a Honduras con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ambas organizaciones entablaron conversaciones con funcionarios de alto nivel del gobierno y miembros del Congreso, así como redes locales de organizaciones de derechos humanos. El objetivo de la visita consistía en influenciar el debate en curso sobre la adopción del proyecto de ley para la protección de DDH, periodistas y operadores del sistema judicial. PI y CEJIL expresaron sus preocupaciones sobre varias falencias Identificadas en la versión del proyecto de ley que en ese momento debatían los legisladores hondureños. Ambas organizaciones también brindaron consejos clave sobre cómo fortalecer la ley a la luz de los estándares internacionales.



[1] Se insistió en esto en el Informe Annual 2013 de la CIDH, que expresó preocupaciones sobre el riesgo al que se enfrentan las y los DDH en Honduras por la persistencia de asesinatos, amenazas, acoso e incursions en las oficinas de sus organizaciones. CIDH. “Informe Anual 2013”. § 235 , 239 and 367.

[2] Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Decreto ejecutivo PCM 003-2013. “Política Publica en Derechos Humanos y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”. Tegucigalpa. Enero de 2013.

[3] El objetivo de esta red es promover, proteger y defender los derechos humanos, monitorear la implementación del Plan de Acción Nacional para los Derechos Humanos aprobado por el gobierno e impulsado por la adopción del proyecto de ley para proteger a las y los defensores de DD. HH, periodistas y operadores de justicia. Conexihon. “Conforman Red Nacional de Protección para las y los defensores de DD.HH., periodistas y operadores de justicia”. 6 de septiembre de 2013.

[4] Ver Informe Focus 2013. op. cit. p. 9.

[5] Conexihon. “Congreso nacional aprueba en segundo debate ley de protección”. 7 de agosto de 2014.

[7] Al menos seis de estas recomendaciones tenían que ver con garantizar la protección eficaz de las y los DDH en peligro. Ver la recomendación al Estado de Honduras en la base de datos de UPR-Info, at http://www.upr-info.org/es.

[8] El informe recomienda específicamente que el gobierno hondureño adopte un marco de políticas y marco legal para proteger a las y los DDH. Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos Margaret Sekaggya. “Misión a Honduras”. Doc A/HRC/22/47/Add.1.

[9] Ver la sección anteriormente presentada sobre el Sistema Interamericano.

[10] Las organizaciones de la sociedad civil internacional y local participantes denunciaron el fracaso del Estado hondureño para cumplir con la implementación de las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos en peligro. Protection International. “Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos”. 2 de noviembre de 2013.

Carta enviada al Secretario de DDHH, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras

Diversas organizaciones de derechos humanos, incluida PI, enviaron una carta a Rigoberto Chang Castillo, Secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización de Honduras, en relación con los reglamentos de implementación de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”. Si bien se reconoce que dicha legislación es un primer paso para que Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales [...]
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