El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas – Por: Pablo Romo Cedano; Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México  – enmarcado  por la ley adoptada el 25 de junio de 2012 (nota del editor) –, inició sus labores en noviembre de ese mismo año después de diez años de trabajo y presión de muchas organizaciones de la sociedad civil y de instancias internacionales. Es decir, no es fruto de la casualidad o de la buena voluntad de un gobierno que quiere proteger personas en situación de riesgo que laboran en el ámbito de los derechos humanos o del periodismo.

Estructura

El Mecanismo mexicano pretende ser uno de los pioneros en el mundo, tanto por su originalidad como por su alcance. Recoge los aprendizajes realizados por el mecanismo colombiano y su ley y reglamento procuran alcanzar el estándar internacional para la protección[1]. En efecto, la ley establece una serie de órganos que deben garantizar la protección de personas en riesgo, a saber: la Junta de Gobierno (JG) compuesta por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto, un Consejo Consultivo (CC) compuesto por nueve consejeros ciudadanos, una Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) y tres unidades auxiliares. En la JG participan representante con nivel mínimo de subsecretarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de Seguridad Pública (hoy subsumida en la Segob), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y cuatro representantes del CC. En el CC participan cuatro periodistas, cuatro activistas de Derechos Humanos y un representante de la Academia. El titular de la CEN es designado por la Segob directamente.

Las tres unidades que establece la ley y el reglamento son de Recepción de Casos y Reacción Rápida, de Evaluación de Riesgos y de Prevención, Seguimiento y Análisis. El Mecanismo cuenta con recursos propios acotados para los beneficiarios establecidos en un Fideicomiso exclusivo; su manejo es responsabilidad del titular del CEN y la ley establece un Consejo Técnico que vigila su funcionamiento.

Funcionamiento

A lo largo de los primeros 22 meses de funcionamiento el Mecanismo distaba mucho de lo establecido en la ley y de las expectativas que generó y sigue generando. El 15 de marzo de 2014 atravesó su última crisis, donde el titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) tuvo que renunciar dejando una estela de gran descontento. La mayor parte del personal que laboraba hasta esa fecha no cumplía con el estándar establecido por la ley y reportaba un constante cambio en sus labores y permanencia. Como toda instancia nueva adolece aún de falta de experiencia y múltiples deficiencias en la operación más básica de la gestión de los recursos.  De hecho, hasta mediados de mayo de 2014, el fideicomiso (recursos destinados al funcionamiento del mecanismo, nota de los editores) no había sido tocado, debido a problemas burocráticos.

Más grave aún es que de los más de 150 peticionarios que habían solicitado protección del Mecanismo hasta ese momento, solamente habían podido ser procesados menos de 80 de los casos, con el riesgo que ello representa para la vida de defensoras, defensores y periodistas en espera del trámite. Desde el inicio del Mecanismo hasta fines de septiembre del 2014 habían sido asesinados once periodistas en el ejercicio de su labor; decenas de personas defensoras han sido amenazados y muchos han tenido que desplazarse forzadamente por los ataques recibidos.

La tercera Unidad del Mecanismo, que es de Seguimiento y Análisis, aún no ha sido instalada; lo que ha impedido la atención profesional y dedicada a quienes ya se han incorporado al Mecanismo. En síntesis, el funcionamiento del Mecanismo ha adolecido de gran ineficiencia, problemas operativos serios e incompetencia para cumplir con la misión que le encomienda la ley y su reglamento.

Perspectivas en la coyuntura

Ante la crisis que enfrentó el Mecanismo durante la primera mitad de 2014, se abrió una oportunidad para reforzarlo con varias vertientes: una consultoría independiente que realiza Freedom House elaborando un plan de acción – acotado – para el mejor funcionamiento de la Unidad de Análisis de Riesgo y de la operatividad del propio Mecanismo; la renovación de la CEN con un nuevo titular, quien se ha comprometido a elaborar un Plan de Acción a corto, mediano y largo plazo en el que incluyó la profesionalización de todos los que laboran bajo su dirección, la implementación de la tercera Unidad, el abatimiento del rezago, la atención con mayor oportunidad y celeridad de los nuevos casos que se presenten y el fortalecimiento del diálogo con las instancias de la sociedad civil e internacional.

La crisis ha permitido ventilar abiertamente las insuficiencias del Mecanismo y ha permitido que funcionarios responsables al más alto nivel, particularmente la subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, la Mtra. Lía Limón, y el Subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, se comprometan a impulsarlo y fortalecerlo. Resultado de esto es que el rezago de más de 80 casos se ha abatido y la Junta de Gobierno les ha concedido algún tipo de protección.

De ahí que es indispensable, por una parte recuperar las experiencias que hasta la fecha se han acumulado, y por el otro, tanto a nivel internacional como nacional seguir exigiendo que el Mecanismo funcione adecuadamente y se cumplan cabalmente las medidas adoptadas.

 

PI en México

Durante el año 2013, un experto de PI, contratado como consultor por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos (OACDH) en México, siguió brindando peritaje práctico y ayudando a desarrollar las capacidades de las autoridades nacionales y de las organizaciones de la sociedad civil en evaluación de riesgos y gestión de la protección de las y los DDH[2]. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), OACDH-México y PI organizaron dos talleres regionales (en Sinaloa y San Luis Potosí) junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ambos estados, para tratar temas de protección y seguridad de DDH con funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

PI también le pidió a la OACDH en México que brindara cursos de aprendizaje a distancia a 37 participantes, incluidos funcionarios y representantes de la sociedad civil involucrados en la implementación de las leyes en el país. En total, PI ha capacitado a más de 150 funcionarios en México a través de su trabajo con OACDH-México.

Durante el año 2014, PI ha seguido recibiendo peticiones de peritaje independiente sobre temas relacionados con la evaluación de riesgos por parte de, por ejemplo, la OACDH-México, la CNDH, la Fiscalía Especial de Delitos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y organizaciones de la sociedad civil mexicana.



[1] Ver “Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y “Reglamento de la Ley para la protección de Personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.  En: http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Ley_para_la_Proteccion_de_Personas_Defensoras_de_Derechos_Humanos_y_Periodistas.

[2] Para ver la intervención de  PI en México en 2012, ver Informe Focus 2013. op. cit. p. 15.