Un observatorio mundial sobre las políticas nacionales sobre la protección de los defensores

En los últimos años hemos asistido al desarrollo de mecanismos nacionales específicos para la protección de defensores por algunos gobiernos. En todos los casos se trata de países en los que hay graves situaciones de desprotección para los defensores de derechos humanos, y estos mecanismos (leyes, políticas de actuación, oficinas) han sido creados bajo la presión (y con la colaboración) de organizaciones nacionales e internacionales de defensoras de derechos humanos, y siempre con un apoyo normativo fundamental, la Declaración de la ONU para los Defensores.

En Protection International este desarrollo nos movió a estudiar estas iniciativas nacionales: qué son, en qué consisten, cómo se han creado, cómo hacen su trabajo, qué impacto tienen en la protección de los defensores. Por ello creamos un equipo de estudio (con abogadas y expertos en protección) e iniciamos una amplia serie de entrevistas a defensoras y defensores y funcionarios gubernamentales en 16 países de tres continentes . Al mismo tiempo iniciamos un proceso de recopilación y análisis de los instrumentos legales y operacionales creados a nivel nacional (con una mirada complementaria a los instrumentos universales y regionales existentes). En el momento de realizar el estudio, sólo hemos encontrado iniciativas nacionales de este tipo en Brasil, Colombia, Guatemala, México y Perú (en América), en Uganda y la República Democrática del Congo (África) y Nepal (Asia). En Guatemala (UDEFEGUA), Uganda (EHAHRDP) y Colombia (Programa Somos Defensores) se encuentran tres unidades de defensores creadas como tales por la sociedad civil, pioneras en su trabajo, y que junto con los Protection Desks creados por PI y con organizaciones de acompañamiento (como Peace Brigades International) se hallan entre las entidades de la sociedad civil cuya misión es solamente la protección de los defensores desde el terreno.

Precisiones

Hay una importante discusión de fondo, que quisiéramos enfrentar desde el principio. La cuestión, repetidamente abordada en nuestras entrevistas en numerosos países, así como en documentos de organizaciones internacionales , se refiere a si es necesario que un estado cree mecanismos (leyes, políticas, oficinas) específicos para la protección de defensores, o si lo más adecuado es asegurar que las instituciones (sistema de justicia, fuerzas de seguridad) cumplan con su obligación de garantizar la debida protección para con este colectivo.
La discusión es importante porque además los mecanismos creados ad hoc para la protección de defensoras cuentan generalmente con limitada capacidad vinculante, tanto a nivel legal -leyes secundarias- como de ejecución -oficinas que carecen de los recursos suficientes y sin capacidad investigadora o o sin el poder político necesario para generar la protección adecuada para los defensores-.

En primer lugar, es un hecho que los instrumentos nacionales existentes sólo han sido creados tras una fuerte presión por parte de las organizaciones nacionales (y en ocasiones internacionales) de defensoras. En otras palabras, esto implica que existe una voluntad por parte de importantes sectores de los defensores en este sentido.

Los detractores de crear instrumentos ad hoc afirman, sin embargo, que estos instrumentos sólo son una respuesta formal ante dicha presión nacional e internacional, y que sirven sobre todo para diluir la presión, ofreciendo un muestrario de respuestas sin impacto real, mientras persiste o crece la impunidad de quienes atacan a los defensores. Otro problema es que a veces estos instrumentos generan una nueva barrera de burocracia que dificulta las gestiones de las ONG para conseguir una debida investigación o enjuiciamiento de hechos contra defensoras. Se afirma también que desvían recursos que podrían usarse para mejorar la respuesta de las instituciones del estado (como la policía o el sistema de justicia).

Por otro lado, quienes están a favor de la existencia de esos espacios reconocen los graves problemas mencionados, pero afirman a su vez que estas iniciativas ofrecen una puerta de entrada que puede ser útil para mejorar la protección, bien por facilitar el acceso a otros espacios tradicionalmente herméticos, como el interior de las fuerzas de seguridad, bien por ofrecer medidas operativas inmediatas (como fondos de reubicación, medios para comunicarse, escoltas) que mejoran, al menos a corto plazo, situaciones graves de desprotección. Su planteamiento es que se puede hacer un uso consciente de lo que estos espacios ofrecen, manteniendo la visión de que es el estado en su conjunto (y no sólo una oficina creada) el responsable de la protección, y de que son el poder ejecutivo y el poder judicial, sobre todo, quienes pueden y deben dar los pasos necesarios para conseguir una protección real para los defensores.

Se da la circunstancia de que en los pocos estados que existen iniciativas de protección de este tipo, la situación de protección de los defensores es muy precaria, en paralelo con un contexto nacional con gravísimas violaciones de los derechos humanos. En nuestro estudio no hemos encontrado ninguna evaluación formal y amplia que pueda precisar que la existencia de instrumentos y oficinas ad hoc para protección de defensoras haya generado un impacto relevante en la situación de inseguridad que viven los defensores. Aunque es cierto que técnicamente es muy difícil realizar tal evaluación, sí podemos afirmar que, en conjunto, los defensores entrevistados se decantan más por la opción de utilizar estos espacios ad hoc de protección, con plena consciencia de sus limitaciones y problemas.

Nuestro trabajo como ONG internacional está al servicio de las defensoras y defensores, y nuestra posición es más cercana a la de recibir críticamente los instrumentos y oficinas creados por el estado para protección de defensores, sin perder de vista la responsabilidad y el deber conjunto de todas sus instituciones, empezando por el gobierno. Es por ello que hemos decidido la creación de Focus, un observatorio mundial para las políticas y estructuras nacionales para protección a defensores. Os invitamos a seguirnos para estar al tanto de los avances sobre el tema.

Este es un proyecto abierto a la colaboración, como puede verse en la red de personas e instituciones involucradas en él. Por favor, contáctanos si quieres unirte a nosotras/os en este esfuerzo.

Confiamos en que al poder ofrecer estos proyectos a la comunidad internacional de defensoras estamos dando un paso en la dirección correcta: desarrollar nuevas y mejores prácticas para conseguir la debida y necesaria protección de aquellas personas que día a día, en contra de enormes obstáculos, se obstinan en defender los derechos humanos.